Sobre la crisis hipotecaria

Hola
Como han de saber estamos al borde de una crisis económica y recesión, en parte propiciada por la especulación inmobiliaria, pero tambien por los prestamos sin ton ni son que se hiceron de bienes raices. Los bancos me acuerdo prestaban para casas diciendo que aunque no tuvieras crédito (en regla) o no tuvieras papeles migratorios o un trabajo fijo, no importaba pues el prestamo estaba respaldado por el propio bien raiz (casa, apartamento), al fin y al cabo las propiedades no solo no bajaban de valor si no que aumentaban más que las tasas de rpestamo. Pero sucedió lo contrario y las casa y propiedades bajaron de precio por la saturación del mercado debido a la especulacion. Algunas personas que conocemos, compraron una casa adicional, a pesar de saber que el riesgo de no poder pagarlas con sus sueldos, si por ejemplo no se les rentaba, pero era muy buena inversión y lo hicieron. Ahora hay que rescatarlos, si no el mercado se viene al suelo y los politicos sacan la cara con el dinero de los impuestos (de usted y mios). Les incluyo este articulo de Yahoo finanzas, se llama "Caridad con dinero ajeno", está un poco largo. De verdad que vale la pena, hasta dan ganas de llorar.

Caridad con dinero ajeno

28 de marzo de 2008, 04:00 AM

Pocas cosas en el mundo hay más fáciles y placenteras que ser generosos con dinero que no es de uno. Queda uno bien, es querido y admirado por el beneficiario del obsequio, y se hace sin sacrificio del consumo o de la riqueza propia; nada mejor.

Esto ha llevado a que en muchas ocasiones se haya vuelto indispensable alinear los objetivos propios con los del dueño del dinero. Por ejemplo, el otro día aprendí sobre un exitoso banco que hace inversiones privadas en Wall Street. Su criterio es sencillo y de una lógica impecable. Cuando un banquero encuentra una inversión que es potencialmente un buen negocio para el banco, lo primero que éste exige es que el banquero indique cuánto de su patrimonio personal arriesgará en la transacción; posteriormente, el banco define cuánto de su capital invertirá, y por último invitan a sus clientes a participar en la transacción. “Lo que es bueno para nuestro dinero, típicamente lo es también para el de nuestros clientes”, me explicaron. Estoy absolutamente de acuerdo.

Si tan sólo el mundo funcionara más con ese criterio, nuestro entorno y nuestra problemática serían diferentes. ¿Cuántos banqueros hubieran dado crédito “subprime” si se tratase de hacerlo con sus propios recursos? ¿Les hubiesen prestado a deudores con historiales de crédito cuestionables, sin fuentes de ingreso claras o sin activos para respaldar la operación? ¿Comprarían los hedge funds que le ofrecen a sus clientes? ¿Pagarían los costos por invertir que le imponen a los clientes que confían en ellos? Tristemente, en la gran mayoría de los casos ni siquiera se relaciona un concepto con otro.

Si esa forma de ver las cosas no impera entre las empresas privadas, mucho menos lo hace en la esfera política. Veamos lo que se ha hecho con recursos del erario público de los Estados Unidos. En marzo, se anunció que se ofrecería 100 mil millones de dólares de crédito por medio del TAF (“Term Auction Facility”), un mecanismo de subasta de recursos federales para los bancos. Posteriormente, se agregó cien mil millones para reportos (“repurchase agreements”) también en marzo; en el mismo mes, 200 mil millones de TSLF (“Term Securities Lending Facility”) como líneas de crédito para préstamos; y, por cantidades no determinadas, PDCF’s (“Primary Dealer Credit Facility”).

Se extendió a 90 días la ventana de descuento para bancos y, finalmente, se dio 30 mil millones de líneas de crédito para apoyar a JP Morgan Chase en la compra de Bear Stearns. ¿Qué dirían los contribuyentes –dueños del dinero- si entendieran claramente la cantidad de recursos que se está arrojando como si fuese confeti? ¿Cuántos políticos estarían proponiendo generosos rescates si éstos se hicieran en parte con su dinero?

En su mayoría, éstas son líneas de crédito que se ofrecen para evitar que el mercado se paralice. Lo que se busca es que la incertidumbre sobre la potencial solvencia de un intermediario no le cierre todas las puertas en el proceso de renovar líneas de crédito, forzándolo al colapso. En buena medida, sin embargo, estas líneas se utilizarán para pasarle al gobierno posiciones cáusticas que perforan los balances de las instituciones financieras.

El gobierno se quedará con estas posiciones sabiendo que es posible que algunas revienten, y con la esperanza de que en tiempos mejores otras se recuperarán. Sólo éste tiene la paciencia y una tolerancia infinita a perder sabiendo que, si el mundo se acaba ellos pueden echar a andar la imprenta de billetes verdes y trabajar turnos extra si es necesario producirlos en cantidades industriales.

Pero este proceso no es gratuito; ni siquiera lo es para el gobierno más poderoso del mundo. La primera línea de costo es la directa. Al tomar pérdida tras pérdida, el gobierno utiliza recursos que provienen del contribuyente estadounidense. Para financiar ese “gasto”, lo que tiene que hacer incrementar su déficit o quitárselo a quien se deje –huérfanos, enfermos, ancianos o quien quiera que no tenga capacidad para hacer ruido o cabildeo-; la otra alternativa es simplemente imprimir, potencialmente generando inflación.

La segunda línea de costo proviene del “daño moral”. Conforme la abundancia de recursos se perciba como un rescate, se crea el incentivo para que en una próxima ocasión las entidades en cuestión tomen niveles desproporcionados de riesgo sabiendo que, si todo sale mal, habrá cómo pasarle la papa caliente al gobierno.

Pero la tercera línea es la más dañina, potencialmente, y es de la que quiero escribir hoy. En ésta se le cobra el rescate a los intermediarios financieros en la forma de regulación. El uso de recursos públicos, según la perspectiva del gobierno, justifica el incremento en el escrutinio y la supervisión de los bancos. Se les impone requisitos de capitalización mayores, se les fuerza a reservar cantidades superiores para avalar cada transacción y cada tipo de riesgo, se multiplica el valor económico de las multas potenciales y todo eso, básicamente, de poco o nada sirve para incrementar la seguridad del inversionista. Sin duda lo que si crece es el tamaño del gobierno, la posibilidad de que su influencia crezca, la probabilidad de que, en un futuro, los reguladores podrán vender sus servicios como consultores o asesores de aquellos que hoy les temen.

Deje darle un ejemplo no financiero. Después de la tragedia del once de septiembre, el gasto en seguridad de los aeropuertos se multiplicó muchas veces. Se crearon reglas estrictas para “proteger” a los pasajeros. Ahora tengo que quitarme los zapatos cada vez que paso por seguridad, y los encargados de revisarme pasan minutos revisando cada líquido en mi poder asegurándose de que estén en contenedores de menos de cien mililitros (me pregunto qué se puede hacer con cien mililitros de nitroglicerina). Lo que buscan es seguir procedimientos y reglas concretas y, al hacerlo, desconectan su cerebro y evitan el proceso que sería más lógico: preguntarse dónde están los riesgos reales que quizá no estén “tipificados”.

Lo que al regulador o a la autoridad le preocupa es hacerse presentes, hacer como que hacen, hacer parecer que hacen mucho para así recibir presupuestos mayores, tener más gente bajo su mando, aunque al final del día quien pague sea el contribuyente.

Tapar el pozo después de que se ahogó el niño en casos como el de Enron se tradujo en regulaciones como la Sarbanes-Oxley. Ésta ha incrementado sustancialmente el costo de abogados y auditores de las empresas. Se estima que los costos de auditoría crecieron en 38% desde la implantación de ésta, y que los nuevos gastos directos para las empresas oscilan entre dos y cinco millones de dólares al año.

Lejos de incrementar el nivel de involucramiento de los consejeros o directores de las empresas –lo cual era uno de los propósitos- les ha llevado a requerir pagos más altos para cubrir seguros contra demandas y el costo de los abogados a quienes consultan para todo lo que hacen en la empresa. No se involucran más, se distancian de la toma de decisiones para evitar contingencias legales.

Por si fuera poco, los reguladores estadounidenses gustan de la extraterritorialidad, por lo que imponen criterios propios al regular a empresas extranjeras aunque éstas participen sólo marginalmente en los Estados Unidos. Ante el potencial crecimiento en el costo, muchas empresas se han deslistado de las bolsas americanas y muchos bancos extranjeros han simplemente cerrado sus puertas en los Estados Unidos.

Esta es una de las principales razones por las que Nueva York ha perdido terreno en relación a Londres como centro financiero. El fuerte incremento en el costo de “compliance” (el cumplimiento de requerimientos legales y regulatorios) afecta a la rentabilidad de las empresas y privilegiará a los grandes contra los pequeños.

Los bancos grandes ahora tienen ejércitos de abogados dentro de su nómina, y además pagan miles de horas de abogados externos cada año. ¿Quién cree usted que finalmente paga ese fuerte incremento en costos? Evidentemente, lo pagan los clientes en costos que a veces ven, pero que típicamente están por ahí escondidos.

La regulación bancaria típicamente establece reglas. Igual que en el caso de quien revisa para la seguridad de un avión, el hecho de que el tiempo y la atención de quien supervisa esté enfocada en que el pasajero se quite el calzado o en que no traiga un perfume en una botella grande, provoca una falsa sensación de seguridad y le da a los posibles malhechores la guía de qué tienen que cuidar para pasar el escrutinio, sin tener el riesgo de que quien revise simplemente utilice el menos común de los sentidos: el sentido común.

Al final del día, los contribuyentes pagarán por las nuevas e inútiles estructuras y por este tiradero que no fue causado por falta de regulación sino por exceso de liquidez, demasiada avaricia y demasiada inocencia.

Desafortunadamente, no se puede legislar para que las crisis no ocurran, o evitarlas por decreto. Por definición, los reguladores siempre irán atrasados con respecto a las prácticas del mercado y se esmerarán por cerrar un hueco cuando ya habrá tres o cuatro con capacidad de reemplazarlo.

Los contribuyentes pagarán directamente con impuestos, nuevos cargos por servicios bancarios y tasas de interés más altas. Lo harán indirectamente con mayor inflación, menor inversión en infraestructura y potencialmente con menor crecimiento económico.

Mientras tanto, los políticos estarán ocupados siendo los héroes que salvan el día y lo harán, como siempre, con dinero que no es de ellos.